Resumen: La Sala resuelve que el funcionario no tiene derecho al complemento de productividad de URE. La incapacidad temporal por accidente de trabajo sólo lo es a los exclusivos y estrictos términos de la prestación económica, no para ningún otro beneficio o situación que pudiera plantearse. No se aplica a los efectos del cómputo del complemento de productividad.
Resumen: En la demanda se impugna la conducta empresarial consistente en a modificación del cuadrante de trabajo en dos concretos centros de trabajo y, en concreto, la sustitución de dos trabajadores en situación de incapacidad temporal, por otros trabajadores asignados a un centro de trabajo diferente. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del sindicato demandante, concluye que el cuadrante confeccionado por la empresa respeta el cómputo anual de jornada a tiempo completo y que la incorporación de dos nuevos trabajadores para cubrir las situaciones de incapacidad temporal es consecuencia del cierre de otro centro de trabajo por razón del Covid, no obstante revoca parcialmente la sentencia en el sentido de que el cuadrante debe confeccionarse de modo que ninguno de los trabajadores quede excluido de la realización de ninguno de los tres turnos de trabajo, rotando en ellos en régimen de igualdad.
Resumen: Con el fin de obtener las ventajas previstas para las empresas afectadas por ERTE derivados de la pandemia, la recurrente sostiene que su actividad de venta al por menor de artículos de joyería y relojería forma parte de la cadena de valor de los fabricantes de artículos de joyería y los productores de metales preciosos, comprendidos en los epígrafes de la CNAE favorecidos con las ayudas. El informe de la Inspección de Trabajo señaló que el epígrafe mencionado en el Decreto corresponde a bisutería y no a joyería por lo que emite informe desfavorable. Por tal motivo se declaró que la empresa solicitante no es integrante de la cadena de valor o dependiente indirectamente de empresa clasificada en alguno de los CNAE del RDL 30/2020. El juzgado desestimó la demanda y la Sala confirma la sentencia. La recurrente denunciaba que la Generalitat habría dictado la resolución denegatoria excediendo del plazo de cinco días previsto en el RDL, por lo que tenía que haber sido aplicado el silencio administrativo positivo, siendo inoperante la resolución expresa posterior. La Sala rechaza dicha pretensión pues la norma prevé dicho plazo "previa solicitud de informe de la Inspección..." por lo que hay que interpretar que la emisión del informe suspende dicho plazo y el mismo no ha sido excedido, máxime cuando la Inspección dispone también de cinco días para emitirlo con lo cual se llegaría al absurdo de no poder resolverse si la inspección agotara su plazo.
